Los vehículos abandonados causan un gran perjuicio económico a los talleres antes de solicitar su traslado al desguace.
El problema de los vehículos abandonados en los talleres es un lastre para el sector de la reparación que causa más de cuatro millones de euros en pérdidas anuales, al enfrentarse a gastos de estacionamiento y reparaciones que nunca llegan a cobrarse. Las últimas cifras que se conocen es que se abandonaron más de 5.600 automóviles en el año 2018, el 29% más que en el ejercicio precedente. Un asunto que causa graves perjuicios a los dueños de los centros de reparación, que se encuentran en mucho casos indefensos ante el abandono de vehículos en sus locales, ocupando espacio durante muchos meses antes de poder enviar los coches al desguace.
El procedimiento queda recogido en la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y se ha de solicitar ante la Jefatura Provincial de Tráfico que le corresponda a cada taller en función de su ubicación. Así las cosas, será la administración competente la que pueda autorizar el traslado a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos o desguace un vehículo para su posterior destrucción o descontaminación, siempre y cuando hayan pasado al menos dos meses sin que el titular haya retirado el automóvil y éste se encuentre en un recinto privado como consecuencia de una avería o accidente.
El taller es, por tanto, el encargado de solicitar a la Jefatura Provincial el traslado del vehículo, para lo cual debe aportar documentación y pruebas de que ha solicitado al cliente la retirada. Entre la documentación a aportar se encuentra la identidad del solicitante y posesión del taller, además de una copia del requerimiento al usuario, como puede ser una carta certificada o burofax. Además, hay que documentar la estancia en el recinto incorporando al expediente la orden de reparación con la fecha de la misma, fotografías del siniestro o avería, la factura impagada, etc.
Una vez admitido a trámite la solicitud, la Jefatura Provincial requerirá al propietario a retirar el automóvil en un plazo máximo de un mes o, de lo contrario, se iniciará el traslado a un centro autorizado.
Finalizado ese plazo, es entonces cuando la Administración dictará una resolución de autorización o denegación de tratamiento residual del vehículo, un proceso que, como se ha visto, tendría una duración de como mínimo 3-4 meses desde que el taller comunica la posibilidad de retirada del automóvil al conductor, al margen de las molestias y pérdida de tiempo que causa al establecimiento, el gran perjudicado de este tipo de conductas.
